El Gobierno de Panamá aprobó la propuesta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y presentará a la Asamblea Nacional de Diputados la ley que amplía el beneficio de los intereses preferenciales a las viviendas valoradas hasta los 180.000 dólares a pocos días de que se celebre la Expo Hábitat 2019.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley No. 044-19, que modifica la Ley de Intereses Preferenciales, con la cual se aumenta la cobertura para la compra de viviendas por un valor de 180.000 dólares. La medida impactará positivamente la economía y mejorará la generación de empleos en un sector que representa el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), argumentó el Ejecutivo.

El presidente de la CAPAC, Héctor Ortega, consultado anticipadamente por ANPanamá sobre esta iniciativa, recordó que fue el gremio el que desde 1985 promueve la revisión de este beneficio para posibilitar la adquisición de vivienda a la población y en esta última iniciativa plantean “una visión integral” y busca que los profesionales panameños puedan comprar su casa “cerca de su lugar de trabajo” para aliviar la congestión vehicular, aprovechar la facilidad del metro, densificar verticalmente la capital y crear polos de desarrollo al oeste y este de la urbe.

El gobierno mantiene el tramo existente exonerado hasta 40.000 dólares en la que el Estado asume totalmente los intereses. Mientras el segundo tramo se divide en dos: De 40 a 80 mil dólares con una tasa preferencial de un 4%, y de 80 a 120 mil dólares con una tasa de 3%. Además, se añaden los tramos de 120 a 150 mil dólares con una tasa de 2% y de 150 a 180 mil dólares con una tasa preferencial de 1,5%.

Con la creación de los nuevos tramos, el objetivo es reactivar la construcción de viviendas en el rango de 120 a 180 mil dólares, “lo que representa una oportunidad crucial para impulsar la economía, en especial en el sector construcción que representa un 30% del PIB, pero que en el 2018 cayó a 24,6%, lo que debilitó los financiamientos para la adquisición de vivienda”, reconoció el Ejecutivo.

Ortega detalló que, de aprobarse esta ley, no solo se reactivará la economía del sector, sino que tendrá un efecto multiplicador, si se toma en cuenta “la planificación” para que sea de provecho para todos, porque las obras y los empleos que generen repercutirán en el aumento de la recaudación de impuestos.

“Cada dólar que se invierte en el sector construcción repercute en 2,3 dólares en la economía”, porque no solo es levantar edificaciones, sino el sector acabados, el de infraestructura, los proveedores, que se reaniman, reflexionó.

No obstante, el dirigente recalcó que es necesario tomar en cuenta la planificación y prever la huella urbana que generarían nuevos proyectos y los costos si se busca “tierras baratas fuera de la ciudad” lo que extendería el impacto ambiental porque “hay que construir carreteras, alcantarillado, llevar el agua potable y eso es muy costoso” versus el densificar verticalmente la urbe capitalina.

Recordó que los costos “han venido subiendo, sobretodo en la década anterior que hubo un boom”, pero se gastó con un “desenfreno sin planificación en las finanzas públicas”.

“Lo que se ha estado promoviendo es ayudar a que la clase profesional tenga acceso a vivienda más cerca de la ciudad, eso tiene ahorros importantes”, por ellos “la propuesta integral de urbanismo” incluye crear “polos de desarrollo en las áreas oeste y este para generar empleos y que la gente no tenga que venir al centro, tengan su trabajo cerca”.

También la CAPAC quiere que se visualice la línea 2A del metro en la huella urbana y hacer las inversiones de infraestructura para crear proyectos de mediana densidad de estas áreas y la gente se mude y mejorar su calidad de vida.

“Ojalá se pueda dar esta ley que tiene beneficio para el país, lo presentamos al gobierno, y diferentes iniciativas para impulsar la reactivación económica”, señaló Ortega, cuya organización celebrará del 11 al 15 de septiembre próximos CAPAC Expo Hábitat 2019.

El dirigente también confirmó que el Ejecutivo ya comenzó a amortizar la “deuda grande” que tiene con los proveedores, que reconoció es difícil de determinar su total todavía, aunque admitió que está entre los 1.000 y 1.500 millones de dólares. “Hay muchos que han comenzado a recibir pagos pero tenemos que entender que es un proceso”, matizó.

El pasado 20 de mayo el anterior gobierno extendió la aplicación de la ley de Interés Preferencial hasta el 21 de mayo de 2025 y aumentó hasta 120.000 dólares el valor máximo de las viviendas beneficiadas.

Por su lado, el vicepresidente y ministro panameño de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, dijo que la iniciativa busca “revitalizar la economía” y aclaró que se agregó un artículo “que le da mucha tranquilidad y le devuelve la confianza a la banca y que busca que toda esa liquidez que el centro bancario nacional tiene a disposición pueda ser invertido en Panamá, para los panameños y con los panameños".